También existe la posibilidad de ser requerido como juez de apoyo; en este caso, el juez presta auxilio a otro juez ante posibles colapsos de expedientes, o ante causas o procedimientos de especial relevancia o gravedad jurídico social. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y ejerce sus competencias en todo el territorio nacional. Está presidido por el presidente del Tribunal Supremo y compuesto por veinte vocales, nombrados por Su Majestad el Rey a propuesta del Senado y del Congreso de los Diputados. Cada Cámara propone a cuatro juristas de reconocida competencia y además selecciona seis jueces o magistrados propuestos en lista triple por los miembros de la Carrera Judicial, en elecciones internas.
Selección y nombramiento de los jueces y magistrados
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- Exclusivamente a dichos juzgados y tribunales corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
- Territorialmente, España se organiza en municipios, partidos judiciales, provincias y comunidades autónomas.
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- Estos tribunales son los órganos judiciales ante los que se agotan las sucesivas instancias procesales de las causas iniciadas en las respectivas comunidades, sin perjuicio de la competencia superior del Tribunal Supremo y del conocimiento y decisión atribuidos a órganos jurisdiccionales centrales en materias especiales.
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Los presidentes de los respectivos órganos judiciales superiores (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y cada una de sus salas, Tribunales Superiores de Justicia y cada una de sus salas, y Audiencias Provinciales) son nombrados, a propuesta del Consejo General del Poder a Judicial, por el Rey mediante Real Decreto. Permanecen en sus cargos con un mandato de cinco años que puede ser posteriormente renovado. En el orden civil, el juzgado de primera instancia e instrucción ofrece la primera respuesta a los ciudadanos en los conflictos que pudieran suscitarse ante ellos.
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Tanto los órganos jurisdiccionales como los órganos de gobierno del poder judicial ejercen sus funciones con arreglo a los criterios de competencia objetiva, territorial, y funcional. Territorialmente, España se organiza en municipios, partidos judiciales, provincias y comunidades autónomas. Estos juzgados conocen y deciden las causas que en sus respectivas materias les asigna la Ley; en función del volumen de trabajo puede existir más de un juzgado de cada clase por comunidad autónoma o provincia, con jurisdicción en toda o parte de ella, o bien extender su competencia territorial a varias comunidades autónomas o provincias, o partes de ellas.
Los juzgados están integrados por una sola persona (el juez), y los tribunales por varias personas (magistrados) que toman sus decisiones colegiadamente. • La información que sea entregada a la Empresa, será debidamente resguardada, conservada y protegida con los medios tecnológicos y físicos adecuadas a efecto de que se impida su perdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo. Solo tendrán acceso a la información aquellas personas no autorizadas por la Empresa, ya sean trabajadores, proveedores de servicios, o socios de negocios quienes han asumido el compromiso de mantener la información bajo un estricto orden de confidencialidad y seguridad. En todos los casos, toman su nombre del municipio donde radica su sede y extienden su jurisdicción al ámbito territorial señalado anteriormente.
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Esta solicitud podrá ser aceptada o rechazada por el Órgano Judicial correspondiente. Los ciudadanos con certificado electrónico que sean parte en un procedimiento judicial. Los aprobados y admitidos gozan de la consideración de funcionarios en prácticas, con sueldo y otros beneficios a cargo del Estado, y deben superar un curso de capacitación en la Escuela Judicial, dependiente del CGPJ, cuya duración es de dos años y que comprende una parte teórica y otra práctica. Quienes superen el curso son nombrados jueces y entran en la Carrera Judicial por dicha categoría.
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Seguridad de los datos
Los magistrados del Tribunal Supremo forman una categoría propia dentro de la carrera judicial. En España los jueces profesionales son seleccionados a través de un procedimiento de examen denominado oposición libre en el que pueden participar todos los españoles mayores de edad sin antecedentes penales que se encuentren en posesión del título de licenciado o graduado en Derecho y gocen de la plenitud de sus derechos civiles. No lo son el Tribunal de Cuentas (depende de las Cortes Generales) y el Tribunal Constitucional que, si formara parte del Poder Judicial, resultaría que este podría controlar la Constitución y rompería la división de poderes que en ella se establece.
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